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Religión y política

“No hay nada más político que decir que la religión no tiene que ver con la política”. Desde que en el mundo hay política y religión, la relación entre ambas ha existido. De tal modo que la neutralidad política, que algunos propugnan como el ideal para la religión, es imposible.

¿Para qué sirve la religión en el ámbito de la política? Esta es la pregunta que trataremos de responder en este segundo comentario sobre el tema “religión y política”.

En una visión pragmática y utilitarista, la religión puede servir para legitimar personas, partidos, gobiernos o ideologías. Se dice, por ejemplo, que a los gobernantes los pone Dios. En consecuencia, no están en el poder por la voluntad popular, sino por la voluntad divina. Revistiéndolos de esa manera de un poder extraordinario que no debe ser cuestionado por nada ni por nadie. En la perspectiva bíblica, cuando se habla del poder, como derivado de la voluntad de Dios, se ponen exigencias éticas muy concretas: si el Rey gobierna por voluntad divina, éste ha de procurar con todo esmero que haya justicia para el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. Ese sería el criterio para afirmar no sólo que se cuenta con el beneplácito de Dios, sino que se es un buen gobernante. La voluntad de Dios ha de verificarse en la práctica de la justicia y en la honradez de quien gobierna.

Por otra parte, en una visión escapista de la realidad, la religión ha servido para fomentar la indolencia. Para ello se suele hacer uso de algunas frases bíblicas. So pretexto de que Jesús dijo: “Mi reino de no es de este mundo”, se cree que se puede vivir como ciudadanos del cielo, desencarnados de la propia situación. Ignorando que la frase a la que se hace referencia, es más bien una crítica de Jesús de Nazaret a la forma cómo se gobierna el mundo. Es decir, el reino de Jesús, el Reino de Dios, no será un reino como los de este mundo, lleno de injusticia, de mentira, de exclusión, de empobrecimiento. Todo lo contrario, será un reino donde haya vida y vida plena.

Pero, ¿cuál podría ser un recto servicio de la religión a la política? La religión, desde su propia identidad, puede y debe ofrecer criterios éticos a la política, para que ésta cumpla su propia razón de ser, esto es, consolide el bien común y combata el mal común.

En este servicio, la religión debe mantener una libertad tal que pueda señalar errores y denunciar injusticias en donde quiera que se produzcan. Cuando se casa con un proyecto o con una ideología, pierde esa libertad, pierde su vocación a ser conciencia crítica. Pero también la pierde cuando cae en la indolencia, la apatía o la falta de profetismo.

La Iglesia católica ha sostenido que: “Los gozos esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Hasta aquí el texto de la Gaudium et spes, donde encontramos una espiritualidad de los ojos abiertos, que puede llevar a la promoción real de la justicia y a la liberación de la injusticia.

Un ejemplo histórico de este recto aporte de la religión a la política, lo encontramos en Monseñor Romero. Él dignificó la política comunicando verdad sobre la realidad del país, contrarrestando la política que encubría la represión y la opresión, promoviendo la justicia y el bien común, defendiendo los derechos humanos de los pobres. Y todo eso lo hizo como un servicio, como una vocación motivada por su experiencia de Dios. Un Dios que mira la opresión, oye los clamores, conoce los sufrimientos y actúa liberando.

Título: Aserrando la justicia
Fecha: 9 de diciembre de 2008.

Una vez más, en El Salvador el sistema de justicia demuestra sus debilidades. El pasado 5 de diciembre, 13 pandilleros se fugaron de las celdas del Centro Judicial Isidro Menéndez, donde permanecían a la espera de procesos en su contra.

Los reos escaparon del recinto judicial gracias a una sierra que les permitió cortar los barrotes de la cárcel. Por lo cual, se afirma que estos contaron con la complicidad de agentes de seguridad penitenciaria para fugarse.

Ese mismo día, cuatro de los reclusos fueron capturados por efectivos de la Policía Nacional Civil mientras los otros 9 siguen prófugos. Según reportes de las autoridades, estos 13 individuos son sumamente peligrosos, pues en su mayoría enfrentan cargos por homicidio y robo.

Esta nueva fuga masiva permite comprobar las serias debilidades del actual sistema de justicia. En primer lugar, refleja la fragilidad de los mecanismos de control en este tipo de lugares.

Es necesario revisar las condiciones de seguridad de estos espacios, pues que 13 reos tuvieran a su alcance una sierra demuestra o bien que las pesquisas al momento de ingresar no se realizan, o bien la complicidad de los agentes de seguridad.

Esta complicidad reflejaría el nivel de corrupción entre los agentes penitenciarios del sistema en general, pues estos, probablemente gracias a remuneración por parte de los reos, se prestan a burlar la ley.

En tercer lugar, da espacio para que las autoridades trabajen de una buena vez en reforzar estos mecanismos de resguardo de reos. Por ejemplo, reforzar con recursos a estos centros para evitar el hacinamiento de reos.

También es urgente reforzar los mecanismos de selección y formación de agentes penitenciarios, al tiempo que dignificar esta función dentro del sistema de justicia, lo cual pasa por la capacitación del personal y la mejora sustancial de los incentivos que estos tienen para ejercer su papel.

De igual forma, es urgente que las instituciones encargadas de la seguridad actúen de forma eficiente. Ello incluye iniciar procesos de investigación de los hechos para deducir responsabilidades, así como la implementación de operativos que permitan la pronta captura de los prófugos.

Sobre este último punto, es necesario señalar que la Policía Nacional Civil debe emprender todos sus esfuerzos por resguardar la seguridad de la población y demostrar con hechos su capacidad y eficiencia.

Mientras ocurran hechos como esta fuga, la ya mínima confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad y justicia seguirá erosionándose. Dicho de otra forma, no es posible que en el país se siga aserrando la justicia.

En ese sentido, como se ha insistido mucho desde este espacio, es necesario que las instituciones se fortalezcan y funcionen. Solo así contribuirán al respeto hacia los derechos humanos y la construcción de la democracia en el país. Ya con esto ganado, la confianza ciudadana llegará sola.

3 de diciembre 2008

2 Diciembre 2008

Ante la crisis financiera mundial, las economías frágiles como la nuestra sufren ya las consecuencias. Pero estas consecuencias golpean distinto a la sociedad salvadoreña, pues las mayorías desprotegidas y en situaciones precarias desde ya padecen los efectos del aumento de precios, la inaccesibilidad a créditos y en muchos casos el despido producto de recortes de personal.

Por otro lado, sectores empresariales y financieros también expresaron su preocupación al respecto pues ante la crisis, los usuarios del sistema enfrentan problemas para cumplir con los créditos adquiridos.

Del mismo modo, sectores como el de la construcción se han pronunciado públicamente para solicitar un apoyo directo de parte del Estado, de forma tal que pueda mantenerse a flote.

En el caso de estos actores, ya el Estado ha respondido a sus demandas. A la banca, el Banco Interamericano para el Desarrollo otorgará 500 millones de dólares, de forma tal que pueda hacer frente a la crisis y, por ejemplo, facilitar el acceso a créditos de la población que cuenta con esa posibilidad.

Una medida que si bien favorecerá a la población, es necesario prestar atención a la forma en que se ejecutará y a los criterios que se usarán para canalizar este subsidio.

Ahora bien, mientras eso sucede, la ciudadanía en general permanece callada ante la situación económica, sin hacer oír su voz y exigir que el Estado haga algo para minimizar los efectos.

Pero es más grave aún que hay una realidad que no sale a luz pública con la contundencia o énfasis que sí lo hace la situación de los grandes sectores del capital.

Desde mediados de año, hay signos preocupantes que dejan claro que la economía nacional atraviesa una seria crisis. Por ejemplo, en días recientes, cientos de personas, en su mayoría mujeres, han quedado sin su fuente de empleo en el sector maquila.

Tal como reportan las organizaciones aglutinadas en el Comité Nacional Laboral, entre septiembre y noviembre de este año, más de 10 mil personas han quedado sin su fuente de ingreso debido a cierres repentinos de fábricas o maquilas. Ello implica que pierden además el acceso a los servicios de seguridad social.

El problema se agudiza porque a los despidos se suman una serie de violaciones laborales como la falta de indemnización, el atraso en pagos mensuales, la retención indebida de parte de los patronos de las cuotas de prestaciones sociales, entre otros.

Estos cientos de hombres y mujeres ahora se enfrentan solos y sin la mediación estatal a la precariedad, al deterioro de sus derechos y, lamentablemente, a las debilidades institucionales del Estado para hacerles justicia.

Un estado que no logra tener la fuerza para garantizar los derechos de las y los trabajadores, ni que realiza con efectividad su labor de control y supervisión hacia las prácticas empresariales de sectores como la maquila.

Ante estos hechos el Estado debe responder con mayor efectividad que la mostrada cuando se trata de salvar a la banca y otros sectores. Para ello, es la población la llamada a demandar justicia y pronta respuesta.

En El Salvador, la clase política, los funcionarios públicos y los empleados de ese sector en general tienden a considerar los bienes públicos como propiedad privada o, en todo caso, como patrimonio disponible a su discreción y conveniencia.

Este tipo de hechos recibe un nombre: corrupción y esta, lamentablemente, es una práctica recurrente dentro de la gestión pública, pues solo basta recordar algunos casos como el del ex presidente de ANDA, Carlos Perla.

Con estos antecedentes en mente, las últimas noticias hacen referencia a que dentro del Tribunal Supremo Electoral habría habido algunas irregularidades administrativas, tal como una auditoría realizada por la Corte de Cuentas señala.

Si bien es necesario iniciar un proceso para demostrar tales irregularidades, y es a todas luces imprudente lanzar acusaciones, sí es necesario señalar que algunos de los hallazgos de la auditoría reflejan la falta de control interno en el uso de los recursos institucionales.

Por ejemplo, la extensión de miles de vales de gasolina sin justificación y la asignación de vehículos a los jefes de las unidades no sólo son excesivas, sino que además levantan la firme sospecha de que puede haber mal uso de tales recursos.

Llama la atención que el personal ejecutivo del Tribunal Supremo Electoral tenga a su disposición vehículos institucionales para realizar sus labores, mismas que de seguro no necesitan excesivo desplazamiento territorial para efectuarse.

También llama la atención que esta institución tenga a su disposición más de 45 vehículos para ejecutar su labor, sobre todo si se considera que el tribunal aún no tiene presencia en todo el país, sino más bien oficinas regionales.

En ese sentido, es necesario preguntar para qué utiliza el Tribunal Supremo Electoral esta cantidad de recursos, cómo los distribuye y cómo supervisa el adecuado uso de estos.

Hasta el momento, el ha presentado pruebas de descargo para comprobar que no han incurrido en faltas. Habrá que esperar los resultados de la entidad contralora, que determinará al final del proceso el resultado. Sin embargo, las preguntas persisten.

Por lo pronto, este ejemplo ilustra cómo la administración pública en El Salvador, primero, carece de controles internos y organizativos para operar sus recursos. En segundo lugar, deja entrever que ante la ausencia de tales controles, la puerta a la corrupción y el abuso queda abierta.

Por ello, es necesario insistir en que las instituciones estatales deben contar con procesos de rendición de cuentas, que hagan transparente el uso de recursos y sus decisiones. Mecanismos de control como los ejercidos por la Corte de Cuentas deben fortalecerse, pues no basta con hacer un señalamiento si luego, mediante cualquier recurso, estos no dan pie a sanciones específicas.

Al Tribunal Supremo Electoral le ha llegado la hora de dar explicaciones sobre su funcionamiento interno y la ejecución de sus recursos, una práctica que debe extenderse al resto de instituciones estatales.

Ética y Política
La cumbre del G-20
José M. Tojeira

Los países más ricos, junto con una serie de economías emergentes, se reunieron este fin de semana pasada en Nueva York para buscar caminos de salida a la crisis económica mundial. Entre otros problemas, las instituciones financieras mundiales suman unas pérdidas o paralizaciones de dinero que superan los 960.000 millones de dólares. La especulación, la falta de transparencia, la escasez de ética, incluso la corrupción en algunas ocasiones, son algunas de las causas múltiples de estas pérdidas, que han encarecido automáticamente el crédito y han impedido el acceso al mismo para muchos empresarios. Crisis que ya se siente en El Salvador en el campo d e la construcción.

De algún modo esta crisis señala un antes y un después en el triunfalismo con que se venía hablando del mercado libre, especialmente desde la caída del comunismo. Los países del G-20 han consensuado una serie de medidas para enfrentar la crisis, comprometiéndose en general a una supervisión mayor de los mercados al tiempo que se garantiza la libertad de los mismos. Por otra parte, se cae en la cuenta de la necesidad de mantener una relación más amplia con otros estados y economías emergentes, superando las reuniones del G-7, el grupo de los países más ricos del mundo, que desde su propia abundancia hablaban y planificaban las estrategias que debían regir la economía mundial. Los países en vías de desarrollo tienen ahora una representación en el grupo y hay conciencia de que las soluciones no vienen exclusivamente de quienes tienen más. Al contrario, han sido en esta ocasión quienes tienen más los que han generado esta crisis mundial.

Las soluciones, dentro de una economía de mercado, avanzan en la ruta de la trasparencia y la rendición de cuentas, especialmente en los productos financieros complejos. También en la promoción de la ética, que incluye el proteger e impedir el uso del sistema financiero en operaciones vinculadas al terrorismo o el narcotráfico. La presencia en esta reunión de los países económicamente emergentes, como Brasil y otros, determina también la necesidad de modernizar la instituciones financieras internacionales, dar mayor espacio en ellas a los países en vías de desarrollo, y establecer mecanismos de supervisión que puedan anticipar problemas económicos globales.

Aunque algunos países se han comprometido en seguir aportando dinero a los bancos internacionales que promueven el desarrollo, el tema de quién acaba sufriendo más las consecuencias de la crisis no se tocó a fondo. Como tampoco se profundizó en el tema fiscal, aunque se mencionó la necesidad de repensar o utilizar adecuadamente las políticas fiscales. Lo cierto es que los países más pobres serán los que sufrirán con mayor fuerza las consecuencias de la crisis. El Salvador ha experimentado ya un crecimiento de la pobreza. Estamos seguros que la mayoría de los países centroamericanos han sufrido también el impacto. Las Iglesias, y la Católica en particular, han insistido con energía en que los pobres no vayan a sufrir más en estos tiempos de crisis y en que los estados desarrollados no rebajen sus aportes al desarrollo, todavía demasiado escasos, en general. El problema ético de un mundo desarrollado que puede gastar más de 20.000 millones de dólares en helados durante el tiempo del verano boreal, mientras sigue habiendo hambre en el mundo, nos muestra tanto la indiferencia frente al dolor de los más pobres como la necesidad de replantearse con mucha mayor exigencia la ayuda al desarrollo.

En nuestros países en vías de desarrollo, con economías duales, que mantienen en una crisis permanente a los más pobres, mientras grupos reducidos aumentan a su favor las diferencias en el ingreso respecto a la mayoría de la población, la crisis plantea también exigencias de cambio. Desde hace años venimos muchos insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un pacto fiscal en El Salvador que permita por un lado no bajar la productividad del país y aumentar simultánea y sustancialmente la inversión en lo social. Antiguamente a las prestaciones que los trabajadores recibían en forma de educación gratuita, salud de calidad, pensiones, etc., se le solía llamar salario social. Salario que es obligación distributiva del Estado y una manera de compensar la contribución de los menos favorecidos al aumento del capital de quienes tienen más.

Y efectivamente, El Salvador necesita urgentemente revisar su política fiscal, aumentar los ingresos del Estado y hacer una llamada a la generosidad y la responsabilidad y obligaciones de quienes tienen más. Una llamada que tiene al mismo tiempo que concretarse en un IVA diferenciado que grave claramente el lujo y rebaje su carga a los productos indispensables para todos, en un impuesto predial sano y bien pensado, y en un impuesto sobre la renta que toque realmente tanto la evasión como los niveles de contribución de quienes tienen más. Somos un país pequeño y tenemos que poner nuestra cuota de sacrificio en la solución interna de los efectos de la crisis. De lo contrario la crisis no hará sino aumentar los problemas de una sociedad con poca cohesión social, con deseo de abandonar la propia tierra y con una violencia que se ha convertido ya en una fuente de malestar importante y en un verdadero freno para el desarrollo.

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