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Así no se vale

A quienes aspiran sentarse en la silla presidencial, instalarse en el despacho municipal o en una cómoda butaca de la Asamblea Legislativa, no les deben permitir que pisoteen las instituciones por muy endebles que sean. Sobre todo si son claves para el ansiado desarrollo democrático del país y han sido el fruto de la sangre que decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas decentes derramaron. Por eso debe condenarse, otra vez, la irresponsabilidad del que fuera comisionado policial, Rafael González Garcíaguirre. En septiembre, a este personaje se le ocurrió participar en una marcha de veteranos militares donde, además, el candidato presidencial por ARENA, Rodrigo Ávila, se refirió a la Fuerza Armada de El Salvador como la “barrera contra los comunistas”. Semejante acción contradijo el ideario de la Policía Nacional Civil (PNC): alejada del militarismo, apolítica y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos. Como no fue sancionado, reincidió y con su uniforme policial de gala anunció su candidatura a la vicepresidencia por el Partido de Conciliación Nacional. Si así trata a la PNC siendo subcomisionado, qué no haría el ahora candidato en el muy remoto caso –imposible, quizás de llegar a Casa Presidencial. Ahora que ya renunció, se le ocurre al inspector general de la corporación abrirle un proceso disciplinario. Como respuesta a esa investigación, el ahora pecenista ha hablado de la corrupción y las violaciones de derechos humanos al interior de la institución. Si eso ocurre y tiene información que fundamente sus acusaciones está en el deber no sólo moral, también ciudadano, de presentarlas para que se dé con los responsables y reciban su merecido castigo. No obstante, eso no debe servirle para expiar sus culpas. Él debió ser sancionado cuando participó en la marcha de la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador. Desde hace tiempo es necesario que en la PNC se separe el trigo de la cizaña. Esto debe hacerse de arriba para abajo y no al revés, como hasta ahora. No es posible que existan dentro de la institución advenedizos que la utilicen para intentar ocupar cargos públicos. También es inconcebible que se premie a quienes han sido cuestionados. En ese sentido se debe revisar, por ejemplo, la política de ascensos. Sorprende e indigna que en la lista de ascensos esté Godofredo Miranda, un policía que fue incapaz de proteger a su sobrina Katya Natalia Miranda Jiménez. Ni siquiera cuidó la escena del delito bajo la excusa que no estaba en servicio ¡Por favor! Hay que proteger la corporación y fortalecerla; por eso, ya no debe haber más sargentos como Arriaza, ni mucho menos subcomisionados como Garcíaguirre o Godofredo Miranda. La PNC no debe ser instrumento político. Así no se vale.

Ética y Política
La cumbre y sus declaraciones
José M. Tojeira

Terminó la cumbre Iberoamericana en El Salvador. El resultado final se puede leer en dos documentos fruto de la misma: la Declaración de San salvador y el Compromiso de San Salvador para la juventud y el desarrollo. Impactados por la crisis económica, los Presidentes le dan mucha más importancia y páginas a la Declaración que al Compromiso. La Declaración se refiere más a las políticas generales de nuestros países, tratando de enfrentar la crisis económico-social que se nos viene encima, mientras que el compromiso atiende especialmente las necesidades de los jóvenes.

Sobre la Declaración conviene hacer algunos comentarios. Es un documento de magníficas intenciones, que todos los latinoamericanos deberíamos suscribir. Pero hay varios peros. El primero es muy simple.. Hubiera sido más convincente que los presidentes hubieran comenzado su declaración reconociendo que América Latina en su conjunto es el Continente con mayores desigualdades en el ingreso a nivel mundial. Ese es un problema real que frena nuestro desarrollo, que crea problemas de falta de cohesión interna, que ha generado violencia, tensiones, guerras y divisiones profundas, y que impulsa hoy a una migración incontrolable. Cuando se habla demasiado de la importancia del Estado, de las políticas estatales, del contribuir al desarrollo de la gente y especialmente de los jóvenes, pero no se dice simultáneamente de dónde se van a sacar los recursos, mucha gente se queda con dudas. Los latinoamericanos, y nuestros políticos más todavía, somos gente de espléndido discurso pero que con facilidad nos saltamos la coherencia entre la palabra y la acción. Hablar sin reconocer culpas y sin diseñar caminos concretos y novedosos no aporta demasiado.

Es cierto que el texto que estamos leyendo marca una distancia clara del antiguo consenso de Washington, que se empeñaba en disminuir los más posible la función del Estado, poniendo toda la confianza en un mercado poco regulado. Y eso ya es algo. Pero sobre todo en Centroamérica estamos demasiado acostumbrados a que el discurso vaya por un lado y la acción por otra.. Tanto los gobiernos de derecha como los de izquierda que hemos tenido en nuestro istmo han caído en contradicciones terribles entre el discurso y la realidad de sus propias políticas.

Aunque todos los 41 acuerdos de la declaración son buenos, el acuerdo 29, que se compromete a respetar los derechos humanos de los migrantes independientemente de su condición migratoria, podría ser, si hubiera voluntad política, de aplicación inmediata. En México con frecuencia se criminaliza la migración sin papeles, lo mismo que en nuestro propio territorio. Las condiciones en que se tiene a los migrantes encarcelados son realmente de vergüenza. Empezar por ese punto mostraría un inicio de coherencia latinoamericana. El endurecimiento de las condiciones migratorias españolas tampoco augura demasiado respeto a este acuerdo. Ojala la firma del mismo, con presencia del Rey de España, significara un cambio de esa tendencia a endurecer las políticas migratorias españolas.

El compromiso de San Salvador para la Juventud y el Desarrollo es mucho más breve que el texto de los acuerdos. Once compromisos frente a 41 acuerdos generales. Tal vez el más interesante de los compromisos sea el 8, que simplemente extiende unan felicitación por la aprobación de la propuesta de un plan de promoción de trabajo decente para la juventud en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Porque ese compromiso empalma directamente con el acuerdo 32 que textualmente pide “Diseñar políticas que fomenten la universalidad de la seguridad social de las y los jóvenes que se incorporan al mundo laboral”. Si en nuestro país, o en Honduras, Guatemala o Nicaragua, vemos que en el plazo de un año todo joven que se incorpore al mundo del trabajo, aunque sea en el campo o en el sector informal, está cubierto por la seguridad social y tiene un salario decente, empezaremos a creer en este tipo de eventos. Mientras tanto la duda seguirá presente. No se pueden prometer cosas que no se van a cumplir o que van a tardar un número largo e indeterminado de años en llevarse a cabo. Pero las cumbres, desgraciadamente, son generosas en prometer y lentas en cumplir.

De todas maneras los textos no son malos. Y cuando un texto político no es malo tiene siempre su ventaja. Difundirlo es crear conciencia de los propios derechos. Hablar de él es un modo de exigir a los políticos que hagan mucho más de lo que hacen. Para algunos comentaristas de la realidad nacional, si este texto fuera el plan de gobierno de ARENA recibiría grandes alabanzas. Si fuera del FMLN tendría acusaciones que afirmarían que son promesas falsas que no se van a poder cumplir. Pero afortunadamente no es un texto ni de unos ni de otros. Es un texto de todos los presidentes latinoamericanos y nos deja a la ciudadanía la capacidad de reclamar a nuestros propios gobiernos coherencia con dicho texto y acción. Y la posibilidad de utilizarlo incluso en los diálogos de esta larga y ya tediosa campaña para preguntar si firman también los candidatos estos compromisos y qué tiempos y plazos se dan para llevarlos a cabo.

La represa del Chaparral

La semana pasada apareció en los periódicos tanto la denuncia de la quema y destrucción de una bodega donde se guardaban materiales para el inicio de la represa del Chaparral, como una denuncia de la CEL contra varios sacerdotes y alcaldes de la zona que rodea la futura represa. Sobre ambas acciones se debe reflexionar con seriedad.
En primer lugar es necesario decir que ninguna razón puede esgrimirse para destruir bienes ajenos. La destrucción de bienes de la bodega mencionada debe ser condenado incluso por quienes hayan organizado la manifestación de protesta contra la construcción de la represa. Manifestarse es legítimo, pero destruir no.
Dicho ésto necesitamos hacer una reflexión más amplia. Quienes protestan no son gente aficionada a protestar. Se trata de gente sencilla, en pueblos humildes, que sienten que son golpeados y mal tratados. Hay que escucharlos. Por otra parte es también evidentemente que necesitamos represas hidroeléctricas. Tenemos sol, tenemos capacidad de más producción geotérmica, algo de viento también, no demasiado, pero todo ello es insuficiente sin acudir al recurso del agua. No podemos pedir desarrollo mientras sólo consumamos una décima parte de la energía que consumen los países desarrollados, y mientras la electricidad dependa en casi un 50% de hidrocarburos o carbón en el futuro. Depender en energía de los propios recursos renovables es la política más acertada de bien común.
El problema surge cuando a la gente se la trata mal. Un ejemplo nos ayudará a entenderlo. En algunas zonas de San Salvador la vara cuadrada la están vendiendo a 300 dólares. Ciertamente las tierras que el Estado está comprando en torno al Torola no se las compra a los campesinos a ese precio. Sin embargo, se les pide, más bien se les exige, a los campesinos que dejen su único medio de subsistencia en beneficio de la sociedad salvadoreña. En otras palabras se trata de pobres a los que se sacrifica para que otros vivamos mejor. ¿Valen menos sus tierras que las de San Salvador? Para ellos no, pues sin ellas les será muy difícil vivir. Para el mercado en cambio valen menos las de allá que las de acá. Y la CEL le está dando prioridad al valor de mercado sobre el valor que las personas le otorgan a sus tierras para su subsistencia. ¿Es más importante el mercado que las personas? La doctrina social de la Iglesia nos dice que no. La lógica humana nos dice también que no. La Constitución de la república es clara al decir que la persona humana es el mayor valor del Estado. En el fondo este es el problema fundamental en el Chaparral. Que mientras las personas valoran con toda razón sus tierras como fundamentales para vivir, la CEL considera el valor de las tierras desde el valor del mercado. En otras palabras, le da prioridad al valor mercado sobre el valor persona.
No vamos a defender aquí que la represa del Chaparral sea necesaria para El Salvador. Es una cuestión técnica. Pero si partimos de la hipótesis de que así lo fuera, la única solución para el problema mencionado es conseguir que la gente que tenga que ser movida de sus lugares, o que se quede sin tierra y sin lugar de trabajo, obtenga claramente una mejor situación que la anterior. Y ésto no es claro en la actual situación. Una persona puede vivir con dos o tres manzanas de terreno, aunque con dificultades. Pero no puede vivir con 30.000 dólares que les den por sus tierras. Porque no tiene capacidad de inversión, de administración de los fondos etc. Mientras que sí tiene capacidad de cultivar y administrar sus tierras. Además no les están dando esas cantidades de dinero ni la formación para poder vivir del mismo por la vía del negocio, etc.
La justicia pide que la gente quede con posibilidades de un trabajo que le rinda mejores beneficios, con seguridad de que ese trabajo no lo va a perder, y con vivienda, educación y salud mejor de la que tenía anteriormente. Si no hay claridad en eso tampoco hay justicia. Las personas no son cosas que se pueden tratar como objetos de mercado. Y todavía peor, cuando los precios del mercado los pone el Estado, en este caso la CEL, mirando especialmente el beneficio de otras personas que no son precisamente las de la zona, ni tan pobres como los que van a ser perjudicados.
En ese contexto mal hace la CEL acusando a sacerdotes y alcaldes ante la Fiscalía. Una cosa es que pida que se individualice el daño hecho a sus bodegas. Pero acusar a quienes se oponen a la represa es un completo error. Y un modo de proceder sumamente hipócrita, porque la CEL no ha ofrecido con claridad a los habitantes del entorno del Chaparral un plan de desarrollo que dé las garantías claras de que en el futuro podrán vivir mejor de lo que ahora viven, con mayor seguridad económica, laboral y social. La CEL está actuando, con esta denuncia concreta, de un modo prepotente y despectivo frente a líderes que no hacen sino defender a sus gentes. Si alguno de ellos resultara autor material o intelectual de los destrozos debería imponérsele la sanción debida. Pero acusarlos sólo porque defienden a sus gentes y se oponen a la construcción de la represa es una barbaridad y una amenaza más de utilizar la fuerza del Estado contra los más indefensos para imponer la propia voluntad sin diálogo y sin una oferta clara de desarrollo.

Editorial de YSUCA para el 31 de octubre 2008

Cumbre en El Salvador

Los jóvenes tienen los peores trabajos, con los más bajos salarios, y padecen además los índices mayores de desempleo. La violencia, la muerte y la delincuencia se ceban especialmente en los jóvenes. Las cárceles están llenas en su mayoría de jóvenes. Son los jóvenes los que más nutren la caravana permanente de migrantes hacia los Estados Unidos. Estas frases que acabamos de leer pueden ser hoy los titulares de nuestros periódicos en El Salvador, o en otros muchos países latinoamericanos. Son problemas reales, constatados por estudios sociales serios. A esas verdaderas tragedias humanas que sufren nuestros jóvenes podríamos añadir otras como abusos sexuales, embarazos prematuros, marginación, desconfianza, falta de diálogo con ellos, etcétera. Sin embargo las noticias tienden mucho más a pintar un mundo donde lo joven se identifica con lo superficial, con la moda o con la propaganda comercial. Ahora, en esta cumbre, se nos dice que se va a hablar de los jóvenes y que se va a hablar con seriedad de ellos.

Y precisamente en estos días tenemos a la mayoría de los jefes de Estado Iberoamericanos enfrascados en esta reunión en San Salvador que tiene por tema principal la juventud y el desarrollo. Sin embargo en su fase inicial la cumbre quedó dominada por la crisis económica que se abate sobre el mundo en general y sobre América Latina en particular. Pero de nuevo habría que señalar que los pobres y los jóvenes, muchos de ellos pobres también, son los que están cargando con el mayor peso de la crisis.

Aunque la crisis es ciertamente económica, su trasfondo tiene otras dimensiones que con frecuencia son poco reflexionadas. La irresponsabilidad de los gobiernos, la falta de conciencia social de quienes tienen poder y dinero, la pervivencia de pautas coloniales racistas, que llevan a menospreciar al pobre, que desconfían de él y tienden a minusvalorar sus necesidades, han mantenido a nuestros países, especialmente en Centroamérica en una especie de crisis permanente. Crisis a la que no llamamos crisis porque estamos acostumbrados a ella. Pero que si se diera en otros países repentinamente, crearía una terrible convulsión. Si en cualquier capital del mundo desarrollado tuvieran índices de homicidios semejantes al de nuestro país u otros de Centroamérica, la crisis sería monumental. En Madrid, una capital con seis millones de habitantes, los periódicos protestaban porque en el 2008 los homicidios había llegado a 26 en los cinco primeros meses del año, y eso contrastaba con los 18 que había habido en el mismo período del 2007. El número de homicidios que aquí tenemos en cinco días, con una población semejante, tarda cinco meses en ser cometidos en una ciudad del mundo del desarrollo.

Es cierto que no todo es igual en América Latina, y que hay diversidad de problemas. Pero vivimos en el continente que en conjunto tiene las mayores diferencias mundiales en el ingreso. Diferencias claramente injustas entre quienes ganan más y quienes ganan menos, y que hacen además que las crisis sean mucho más severas en quienes están al fondo de la escala socioeconómica. Que los jóvenes y el desarrollo no son dos valores plenamente unidos también es cierto. Somos muy partidarios del lenguaje sensiblero y nos encanta decir que los jóvenes son el futuro de la patria.

Pero en realidad tenemos un mundo de adultos despiadados donde ni los pobres ni los jóvenes importan demasiado. Una empresa con muy poca preocupación social, un sistema impositivo que no recauda lo suficiente para invertir en desarrollo y protección social, y unas diferencias socioeconómicas donde la pobreza extrema convive cercanamente con el lujo y el derroche. Las crisis como la que se nos ha venido encima no ha hecho sino amontonar problemas sobre problemas pendientes, y afecta más a quienes tradicionalmente han sido ya afectados por un sistema injusto de repartición de la riqueza producida entre todos. No podemos estar contentos con lo que hay y debemos exigir y aspirar a mucho más. La cumbre será un fracaso si no se observan cambios radicales en un modo de caminar hacia el desarrollo demasiado unido a la diferencia social injusta en el ingreso, a la despreocupación real por los pobres, y al discurso grandilocuente sobre el futuro de los jóvenes, que ciertamente prefieren emigrar a confiar en las promesas de los políticos.

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